Voluspa Jarpa
En Nuestra Pequeña Región de por Acá, 2016
Foto: Rodrigo Merino
INTRODUCCIÓN
La inteligencia de EEUU
durante la dictadura
EEUU desclasificó, por primera vez para la Argentina, documentos de sus agencias de inteligencia. Desde el fin de la dictadura, los organismos de derechos humanos plantearon que era fundamental, para comprender las prácticas del terrorismo de Estado, saber cómo funcionaron los servicios de inteligencia y cuáles fueron sus alianzas internacionales.
La doctrina de la seguridad nacional y el concepto de "enemigo interno" supuso el desarrollo de una red de inteligencia en toda América. El papel que jugó Estados Unidos, cómo estuvo informado e intervino en el funcionamiento represivo de la dictadura argentina, sus vínculos con las dictaduras del Cono Sur y con las redes de inteligencia locales explican mucho de lo que hoy sabemos sobre el funcionamiento del aparato represivo estatal basado en la circulación de información, en el armado de fichas, planes, informantes, organigramas. Se trata de capas y capas de información acumuladas por los Estados, asociadas al plan represivo y aniquilador. Durante todos estos años los organismos de derechos humanos reclamamos la apertura de los archivos de inteligencia. Las desclasificaciones parciales mostraron que son un gran aporte al avance de los procesos judiciales y a la reconstrucción de la verdad. Ya hemos identificado entre estos archivos documentos que presentaremos como evidencia en causas judiciales.
Ponemos a disposición de todes herramientas que aportan un ordenamiento a ese material, que facilitan y favorecen la consulta de la comunidad en general. Este trabajo está en progreso. En esta ocasión se podrá acceder a la base de relevamiento con los primeros 3200 documentos. Su mayor novedad es que aproximadamente un 20% de este acervo corresponde a documentos de inteligencia y es la primera vez que se brinda un acceso indexado a este tipo de archivos. A medida que nuestro trabajo avance, iremos publicando nuevos conjuntos documentales hasta completar los 4.903 materiales correspondientes a la última tanda de desclasificación de los Estados Unidos sobre la Argentina.
Seguimos reclamando la desclasificación de todos los archivos de inteligencia del país vinculados al terrorismo de Estado. En nuestro país, aunque hubo experiencias importantes de desclasificación de archivos, como el de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), aún queda pendiente el acceso a los documentos de estructuras de inteligencia de la Policía Federal Argentina y de la entonces Secretaría de Inteligencia Del Estado (SIDE), que ocupó un rol central en la coordinación de los servicios de inteligencia de todas las fuerzas armadas y de seguridad y en la coordinación represiva con los países del Cono Sur conocida como Plan Cóndor.
El acceso a documentación oficial de la Argentina y de otros Estados, en forma particular a documentación de inteligencia, constituye un nodo clave de la reconstrucción de la memoria, la verdad y la justicia; así como también de la vida política actual y de nuestra democracia.
Un proyecto colaborativo
Desde agosto de 2019, Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta iniciamos un proyecto colaborativo para construir un instrumento de acceso a los archivos desclasificados de Estados Unidos, a través de la lectura y la indexación exhaustiva. Junto con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA –a través de las prácticas pre profesionales de estudiantes convocadas por el Centro Antonio Gramsci y la Carrera de Ciencias de la Comunicación– y el Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández" propusimos a estudiantes de distintas carreras que se involucren en la lectura y el análisis del material. A elles se sumaron otres, de la Escuela Normal Superior de Lenguas Vivas Sofía E. Broquen de Spangenberg, la Universidad Nacional de la Plata y la Universidad del Salvador. Formamos así un equipo de trabajo con distintas integraciones desde el inicio: Andrea Ximena Ayestarán, Joaquín Eloy Bousoño, Silvana Bouza, Lucero Castillo Novoa, Agustina Castro, Mariano Closs Comaleras, María Laura Escobar, Guadalupe González Antúnez, Candela Guerriero, Naiara Mailén Mancini, Sofía Maranesi, Paula Maurelli, Macarena Mina, Virginia Pombo, Macarena Sandoval García, Melina Giselle Santa Cruz, Florencia Sosa, Cecilia Veliz, Rocío Zalazar Cuello,Victoria Falcon Rocco, Ana Valentino, María Eugenia Pérez, Agustina Duarte, Carola Bedriñan, Macarena González Kelly, Julia Cohen, Julieta Mastrangelo, Sebastián Nicolás Herrera, Milagros Valentini, Eva Coronel Gorojod y Manuela Meichtri.
Trabajamos en dos grandes objetivos:
• Formar una base de información procesada y clasificada, a partir de la lectura y la traducción de los archivos desclasificados. Les estudiantes procesan, interpretan y clasifican cada documento con la supervisión de las organizaciones convocantes.
• Construir una instancia académico pedagógica y vincular a les estudiantes con los organismos de derechos humanos y las principales estrategias para promover el proceso de memoria, verdad y justicia.
RELEVAMIENTO
La Base
Podés acceder a la descripción y a la vista de los documentos mediante una Búsqueda general, una Exploración de la base o a partir del interés temático en Palabras Clave de Derechos Humanos.
Podés descargar el pdf original de cada documento así como el relevamiento completo en formato .csv (comma separated values).
Buscar
Explorar la base
Acceso al cuadro completo de las descripciones documento por documento. Se encuentra ordenado por las agencias que desclasificaron información. Permite navegar por todos los campos del relevamiento. Para agrupar documentos, aplicar filtros y otros usos avanzados consultar los videos de navegación.
Acceder por temas
La descripción de los documentos registra hasta dos fragmentos clave seleccionados, para dar cuenta de algunos de los temas prioritarios a los que hacen referencia en su contenido.
Los fragmentos seleccionados contribuyen a identificar sintéticamente un conjunto de componentes relevantes a nuestra mirada de derechos humanos: acontecimientos, casos, actores, prácticas represivas, acciones de activismo y denuncia, entre otros. Estos fueron traducidos para facilitar su lectura en castellano.
Esas selecciones temáticas fueron asociadas con palabras clave de derechos humanos.
A continuación, podés acercarte a conjuntos de documentos asociados por tema y visitar en cada uno de ellos los fragmentos seleccionados.
Glosario de términos
De los diferentes aspectos discursivos que dificultan la lectura de estos documentos, el uso abundante de siglas, acrónimos y abreviaturas es, quizás, uno de los más evidentes. El grupo de traductoras de Proyecto Desclasificados ofrece un glosario orientador con la explicitación y traducción de estos elementos.
Las traducciones se clasifican según su autoría: la categoría "oficial" indica que esa traducción proviene de la institución implicada; "preexistente", que no es oficial pero circula en otros espacios como la prensa; y "propia" indica las traducciones elaboradas por este grupo de traductoras haciendo uso de la experiencia y conocimiento desarrollados dentro del proyecto.
Comentar
En cada registro encontrarás un botón para remitir al equipo del Proyecto tus comentarios, observaciones o sugerencias referidas al documento desclasificado.
¿Cómo citar documentación extraída de esta base?
Agencia desclasificadora, Nombre del documento, Fecha. Extraído de: Memoria Abierta, CELS, Abuelas de Plaza de Mayo (2019-2021) Base de relevamiento de documentos desclasificados de EEUU [Base de datos].
Una base de datos dinámica
Para la realización del relevamiento desarrollamos una plataforma de trabajo colectivo online basada en el software Airtable. El sistema de relevamiento comprende la generación de registros individuales por documento, su descripción y el guardado de los archivos descriptos. Los registros se almacenan sistemáticamente en una base previamente estructurada. La base de datos dinámica admite, en forma simultánea al proceso de carga, su actualización, borrado y edición de los datos, así como la reconfiguración de los campos.
Sobre el relevamiento
Se trata de un relevamiento en construcción de los 4.903 documentos desclasificados de la cuarta tanda, que se apoya en un proceso colaborativo de tres dimensiones:
1. El desarrollo abierto y el afinamiento continuo del instrumento y los criterios de recolección de la información
2. La descripción documento por documento y la carga de los archivos primarios al sistema.
3. La generación de instancias continuas de revisión colectiva: supervisión, autocorrección de las descripciones, revisión conjunta de la efectividad de los campos y categorías, intercambio sobre criterios de relevamiento.
En esta instancia ponemos para la consulta pública 3200 documentos indexados, con veintitrés campos descriptivos por documento. Periódicamente actualizaremos el sitio con los conjuntos de documentación sobre la que vamos trabajando.
Fuentes y relación con otros relevamientos
Los documentos fueron recuperados del sitio oficial "Argentina Declassification Project: Responsive Records", de la Comunidad de Inteligencia (IC), dependiente de la Dirección Nacional de Inteligencia de EEUU. En esta fuente, los documentos organizados por agencia se encuentran bajo el subtítulo "April 12, 2019"
Los datos ya relevados de ciertos campos clave son cotejados en forma continua con el relevamiento sistematizado que la Comisión Memoria Histórica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina elaboró sobre los inventarios de la agencia National Archives, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado.
PROCESO
Historia del proceso de
desclasificación de archivos
de EEUU
Primera entrega de documentos
En los años 90, los organismos de derechos humanos desplegaron diferentes estrategias para avanzar en la lucha por memoria, verdad y justicia en tiempos de impunidad. Algunos ejemplos de este tiempo son los escraches a los genocidas impulsados por la agrupación HIJOS y los Juicios por la Verdad. Ante la falta de acceso a documentación oficial en la Argentina y para buscar nuevas fuentes de información, los organismos demandaron acceso a documentos que pudieran existir sobre el periodo de la última dictadura en otros países. En este contexto, las organizaciones de derechos humanos solicitaron al gobierno de Estados Unidos el acceso a documentos reservados de la época que pudieran contener información sobre los crímenes de lesa humanidad y sostuvieron, junto a algunos jueces, el reclamo de desclasificación.
El 16 de agosto de 2000 en Buenos Aires, la ex secretaria de Estado norteamericana Madeleine Albright se reunió con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Tras ese encuentro, ordenó la recolección, revisión y desclasificación de informes de EEUU sobre la Argentina. Los organismos, junto al National Security Archive, una organización especializada en pedidos de información en Estados Unidos, proporcionaron un listado de términos prioritarios para identificar documentos.
El Departamento de Estado revisó archivos de 1975 a 1984 e identificó 4.677 documentos. Agencias de la CIA y el Pentágono se negaron a abrir sus archivos. Los documentos fueron editados con “tachas” que ocultan segmentos de los textos que se fundamentan en razones de privacidad, seguridad nacional, relaciones exteriores y protección de fuentes confidenciales. La documentación fue entregada a organizaciones de derechos humanos e instituciones estatales.
Esa documentación oficial evidenció la injerencia de Estados Unidos en el Cono Sur y permitió acreditar las relaciones bilaterales entre las dictaduras latinoamericanas y Estados Unidos. La desclasificación constituyó un gran aporte para las causas judiciales de lesa humanidad que comenzaban a reabrirse en la Argentina, luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Los documentos sobre la desaparición de personas, la apropiación de niñes, el accionar del Batallón de Inteligencia 601 y el Plan Cóndor se convirtieron en prueba documental aportada por las querellas a las causas que investigaban esos hechos. También son una fuente de información tanto para les familiares y víctimas, como para la investigación histórica.
La demanda de los organismos de derechos humanos se amplió luego a la solicitud de desclasificación de archivos de otros países como Francia, Italia e instituciones como la UNESCO y la Iglesia Católica Argentina.
Segunda entrega de documentos
La reapertura de los juicios por los crímenes durante el terrorismo de Estado abrió un nuevo horizonte en la investigación judicial y la reconstrucción de verdad. En ese contexto, el 11 de marzo de 2016, Abuelas, Madres, CELS y Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, realizaron un segundo pedido de desclasificación de documentos a Estados Unidos con la intención de profundizar la documentación y ampliarla hacia fuentes producidas por agencias de inteligencia de ese país. Este pedido fue aceptado con el objetivo de hacer un esfuerzo integral para identificar registros adicionales relacionados con los crímenes cometidos bajo la dictadura argentina. Se realizaron cuatro entregas de documentos entre 2016 y 2019, en las que en conjunto se dieron a conocer 7.035 documentos. El proceso fue coordinado por Dirección de Inteligencia Nacional de Estados Unidos y relevó documentación de más de 14 agencias y departamentos. Nuevamente, parte de estos documentos contiene tachas, otros están censurados en su totalidad.
La última entrega de documentación de EEUU se realizó en abril de 2019. Allí se desclasificaron por primera vez para la Argentina documentos de las agencias de inteligencia que desde el inicio del proceso se habían negado a entregar documentación. Esta tanda incluye 4.903 documentos provenientes del Department of State, Central Intellingence Agency (CIA), Federal Bureau of Investigation (FBI), Department of Defense (Defense Intelligence Agency, Army, Navy, United State Air Force, Joint Staff, Office of the Secretary of Defense, United State Southern Command), Department of Justice y National Archives.
Esta entrega fue publicada íntegramente en el sitio Argentina Declassification Proyect: responsive records. Es importante comprender que estos documentos contienen información producida con el fin de realizar actividades de seguimiento, intervención y control. Como todo documento, pero especialmente en los de este tipo, que contienen información altamente sensible, se debe tener en cuenta el contexto y los fines con los que fueron producidos. La información que presentan requiere del cruce con otras fuentes, para validar la veracidad de su contenido.
A lo largo de la lucha por la verdad y la justicia, la documentación fue una estrategia fundamental para reconstruir el alcance del terrorismo de Estado y establecer evidencias que, junto a testimonios y otras fuentes, permitieron fundamentar las demandas de justicia y construir memorias sobre lo sucedido.
CÓMO NAVEGAR LA BASE
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COLECCIONES
Colección Malvinas
Con motivo del 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, ponemos a disposición la primera colección temática del Proyecto Desclasificados. Se trata de 133 documentos que refieren al conflicto y aportan al análisis y comprensión de la época, las relaciones bilaterales, la venta de armas, el rol que el gobierno de Estados Unidos ha desempeñado durante la disputa de soberanía con el Reino Unido sobre Malvinas e Islas del Atlántico Sur y las tensiones y disputas entre diferentes facciones de las fuerzas armadas, entre otras dimensiones.
Son documentos producidos entre 1976 y 1985 por diferentes agencias de la administración de EEUU como el Departamento de Estado, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el FBI, el National Archives y el Departamento de Defensa.
La Colección Malvinas busca facilitar el acceso a esta documentación histórica y promover la búsqueda a través de palabras claves que son parte del trabajo de registro y relevamiento que realizamos en el marco del proyecto. De esta manera, es posible realizar agrupamientos temáticos para que los archivos desclasificados se vuelvan una fuente primaria que permita conocer la historia de la inteligencia norteamericana y su incidencia en la dictadura argentina y de América latina.
La importancia de llamarse Malvinas
Traductoras del Proyecto Desclasificados reflexionan sobre los usos e intentos de equivalencias entre “Malvinas” y “Falkland”: cómo trabajan con ese tramo de historia de la dictadura desde la traducción y qué elecciones toman en ese trabajo para contar la historia que traen los documentos desclasificados por el gobierno estadounidense.
El uso de la lengua nunca es inocente: allí se traman complejas relaciones de poder. Y en el transcurso de la historia, hay palabras que adquieren una relevancia sin igual. Hay quienes sentirán la tentación de buscar equivalencias. Nosotras, traductoras y militantes, sabemos que el discurso es la seda más fina de nuestro entramado social y que cada palabra que usamos es la huella indeleble de nuestra subjetividad.
El caso que nos ocupa aquí es emblemático y se enmarca en las memorias de la dictadura, en los testimonios de la violencia ejercida por el terrorismo de Estado y en las luchas por la soberanía. Decir “Falkland” y decir “Malvinas” no es lo mismo. La historia no nos deja equivalencia posible. La elección de uno u otro nombre para designar este espacio geográfico evoca una serie de significados, connotaciones y relatos opuestos que impiden cualquier equivalencia. Decir “Malvinas” o decir “Falkland” enclava a quien habla y nombra en un espacio discursivo, en una versión de la historia, en una ideología. El peso de cada nombre es tan grande, las cadenas de discursos afines evocadas representan las islas de maneras tan opuestas, que hasta es difícil concebir que refieren al mismo espacio geográfico.
Decir “Falkland” no es decir “Malvinas”. Muestra de ello es cómo se referían los funcionarios estadounidenses a las islas en los documentos desclasificados que venimos trabajando desde hace más de dos años. Ellos no decían “Malvinas”, decían “Falkland”. Es evidente que, en la traducción, no podemos hacerles decir lo que no dijeron. Por este motivo y porque entendemos que en este binomio léxico no hay equivalencia posible, a cada documento desclasificado que dice “Falkland” le corresponde la palabra “Falkland” en su traducción.
Ahora bien, para nosotras es doloroso llamar “Falkland” a las Malvinas, incluso cuando recreamos en la traducción la subjetividad de otra persona o institución. El equipo de traductoras ha decidido hacer deliberada y explícitamente visible su voz al colocar el nombre “Malvinas” entre corchetes por cada “Falkland” del discurso burocrático de las agencias. Como traductoras, en nuestra individualidad y en nuestra colectividad, no dejaremos pasar ninguna oportunidad de afirmar que las Malvinas son y serán siempre argentinas.
Documentos como fuentes de información periodística
A partir de ocho documentos de la colección escribimos un artículo que da cuenta de la utilización de la Guerra para encubrir los crímenes de la dictadura. En los archivos puede leerse cómo, desde antes del 2 de abril de 1982, los militares planearon la contienda para prolongar su estadía en el gobierno.
Los archivos de la represión han sido una vía fundamental para acceder a información que se suponía era cierta, pero hasta el momento no se había podido corroborar fáctica e institucionalmente. En muchos archivos queda plasmado cómo, desde antes del 2 de abril de 1982, la última dictadura cívico-militar argentina utilizó la Guerra de Malvinas, de la misma manera que el Mundial de 1978, para encubrir lo que ocurría en aquellos años: desapariciones forzadas, centros clandestinos de detención y tortura, robo de bebés, entre otros horrores, en manos del propio gobierno que había asumido el 24 de marzo de 1976 a través de un Golpe de Estado. Fue un recurso utilizado por la Junta Militar para conseguir legitimidad y apoyo político cuando ya se estaba terminando de desplomar.
Entre los casi cinco mil documentos que Estados Unidos desclasificó en 2019, se encuentran diversos testimonios de la relación que mantenía Argentina con el país del norte, y de la debilidad interna y fragmentación que había dentro de las fuerzas armadas que comandaban el país. Por otra parte, se evidencia también el descontento civil con el conflicto bélico y el pedido de juicio y castigo a los responsables.
Desde el momento en que comenzaron la guerra, los militares sabían que estaban condenando al país al fracaso, y a pesar de eso, decidieron seguir adelante con el plan, solo por la necesidad de tener una victoria como gobierno. Esto queda evidenciado en un documento enviado desde la Secretaría de Estado de Washington al consulado de Toronto en 1982, en el que, incluso luego de terminada la guerra, los militares insisten en considerarla como un punto positivo en su gobierno: “(...) la necesidad de imaginar la guerra en Malvinas como una victoria es grande. De ahí la insistencia, particularmente de la marina, en considerar la primera etapa de la campaña como una victoria, porque llamó la atención del mundo sobre el problema”.
En el mismo documento, confeccionado en septiembre de 1982, se da cuenta de la debilidad y la fragmentación existente dentro de la junta militar: “(...) deben tenerse en cuenta las inusuales debilidades y la fragmentación del gobierno argentino. Cualquier gobierno basado en una estructura militar institucionalizada y multiservicios sufre la debilidad de un liderazgo cambiante, vetos generalizados y una dispersión de la autoridad. Sin embargo, estos problemas estructurales se ven ahora agravados hoy en día por otros factores: uno de ellos es la derrota de las Malvinas, que desestabilizó fundamentalmente cada uno de los servicios armados y las relaciones entre los tres servicios (…)”, señalan.
Resulta más que interesante pensar en el rol que tuvo Estados Unidos en los meses previos al inicio de la guerra. En un memorándum redactado en 1977 y enviado por Denis Clift al Vicepresidente de Estados Unidos, el gobierno norteamericano da a entender que se mantendrá por fuera del conflicto por las islas. “Queremos mantenernos al margen de esta disputa entre Argentina y el Reino Unido. Nos alegramos de que se estén llevando a cabo conversaciones entre los dos gobiernos para resolver las cuestiones. Argentina se disputa la posesión británica de las Malvinas desde 1833. En julio, el Reino Unido y Argentina iniciaron otra ronda de conversaciones sobre la soberanía de las islas. Estados Unidos no ha tomado partido en esta disputa. (Al hablar con Videla se debe utilizar el nombre argentino, Malvinas)”, explica.
En otro documento de 1980, la postura de Estados Unidos pareciera ser la misma respecto al conflicto internacional: “Las conversaciones entre el gobierno del Reino Unido y el gobierno de Argentina son continuadas, pero pueden complicarse debido a las fuertes objeciones que tiene el gobierno de Argentina respecto al pedido soviético de que el gobierno del Reino Unido establezca una base pesquera soviética en las islas. La política de los Estados Unidos es mantener la neutralidad en todas estas disputas, oponerse diplomáticamente al uso de la fuerza y promover acuerdos negociados.
No obstante, cuando la guerra se desata, la postura de Estados Unidos frente a Malvinas dista de ser neutral. Mientras que algunos archivos de la nueva Colección de Desclasificados evidencian la alianza entre Gran Bretaña y el país del norte, otros documentos ratifican la incidencia estadounidense en el desarrollo bélico. En el recorte de prensa recuperado por un documento, el texto indica: "A tres meses del comienzo de la crisis por las islas Falkland, sigue habiendo dudas sobre si EE. UU. sabía que Argentina tenía planeado ocupar las islas y dio un permiso tácito para asegurar la colaboración de la Junta Militar en las campañas antiguerrillas del país norteamericano en América Central".
Sumado a eso, en el documento enviado por Townsend B. Friedman a la embajada de Buenos Aires en 1981, el gobierno de Estados Unidos acota un dato muy interesante acerca de la relación bilateral EEUU-Argentina: “Galtieri: El CINC [comandante en jefe] del Ejército es muy susceptible a la influencia estadounidense. Lo que le dice el Gobierno de los Estados Unidos tiene gran influencia en lo que hace.” En este documento de 1981 se agrega que Rosendo Fraga, asesor político, ve el acuerdo entre Argentina y Gran Bretaña sobre el conflicto con las islas como un objetivo alcanzable en un futuro próximo.
A un año del comienzo de la guerra, en abril de 1983, los militares continúan con el reclamo por las islas, pero para la población argentina queda claro que el enfrentamiento del año anterior había sido descabellado.
En otro documento redactado en 1983 y enviado por la Secretaría de Estado de Washington a todos los puestos diplomáticos de América, además de embajadas como la de Madrid, Bruselas, Londres y Lisboa, se describe lo siguiente: “los generales argentinos renuevan su reclamo por las islas Falkland en el aniversario de la invasión. Los oficiales militares argentinos quieren que el mundo sepa que no tienen intención de aflojar sus demandas por las islas Falkland, pero las apariencias e incluso los pronunciamientos militares pueden ser engañosos. No hay duda de que la mayoría de los argentinos querría que las islas se incorporaran a su territorio, pero sólo una pequeña minoría parece querer realmente una guerra para conseguirlas. De hecho, las encuestas de opinión sugieren que la mayoría de los argentinos piensan ahora que fue una locura haber tomado las islas el año pasado, y desean que los gobernantes militares intenten resolver el caos económico de la nación".
Los 133 documentos contenidos en la Colección Malvinas son una pieza fundamental para esclarecer los acontecimientos relacionados al conflicto bélico y profundizar el conocimiento sobre este hecho. En tanto que archivos de la represión, revisten una importancia fundamental para la reconstrucción de la Memoria, la Verdad y la Justicia, así como la preservación de nuestra democracia actual.
Los documentos de la colección citados aparecen bajo los nombres: C06295101, C06213557, C06213606, Meeting With Rosendo Frag[15499935], Meeting With President Vi[15524662], Did The U.S. Give Argenti[15499957] Y 2017-Arg-0379 Latin American Border Disputes, 07.01.1980.
COLECCIONES
Colección Masacre de Trelew
En el marco del 50 aniversario de la Masacre de Trelew ponemos a disposición una nueva colección temática del Proyecto Desclasificados. Se trata de 24 documentos que refieren a hechos vinculados a los fusilamientos ocurridos en la madrugada del 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar, luego del intento de fuga parcialmente exitoso desde el penal de Rawson.
Los documentos desclasificados vinculados a la Masacre de Trelew muestran la permanente atención que la fecha de aniversario de los fusilamientos generaba en las estructuras militares, policiales y de inteligencia. De manera más o menos coordinada, con información cruzada o de múltiples fuentes, estos textos nos aproximan a conocer el enorme sistema de seguimiento y persecución hacia las organizaciones y les militantes del ERP y Montoneros.
Por ejemplo, un conjunto de documentos muestran la relación entre la Masacre de Fátima -ocurrida el 20 de agosto de 1976 en el partido de Pilar, Buenos Aires, que consistió en el asesinato de treinta personas y la aparición de sus cuerpos dinamitados. Dos cables desclasificados por la CIA y por el Departamento de Estado asocian las ejecuciones cometidas por la Policía Federal a un mensaje concreto de advertencia de la dictadura para disuadir acciones de reivindicación y conmemoración en torno a la Masacre de Trelew.
Otros documentos también muestran el seguimiento sobre los sobrevivientes de la Masacre, luego desaparecidos; persecuciones a les familiares y a distintas figuras por críticas a la Masacre; y documentos de análisis de la estructura de las organizaciones.
La Colección Trelew busca facilitar el acceso a esta documentación histórica y promover la búsqueda a través de palabras claves que son parte del trabajo de registro y relevamiento que realizamos en el marco del proyecto.
“No se puede negar que había un seguimiento a mis familiares”
A partir de la colección de documentos sobre Trelew, los sobrinos de Mariano Pujadas y Clarisa Lea Place, víctimas de la Masacre, reconstruyen la persecución que sufrieron sus familias.
A 50 años de la Masacre de Trelew, el proyecto Desclasificados desarrolló una colección temática de archivos elaborados por una variedad de agencias de Estados Unidos. La Colección Trelew, compuesta por 24 piezas documentales, forma parte de los casi cinco mil archivos que el país del norte entregó a la Argentina en el año 2019. En este acervo pueden encontrarse diversas categorías que refieren a la Masacre y a los hechos ocurridos posteriormente a ella, tales como la persecución a sobrevivientes y familiares o posibles vínculos con la Masacre de Fátima.
ANCCOM dialogó con Mariano Pujadas y Clarisa Lea Place, quienes portan el mismo nombre que sus respectivos tíos fusilados en la Base Aeronaval Almirante Zar el 22 de agosto de 1972, luego del intento de fuga parcialmente exitoso desde el penal de Rawson.
Dos de los documentos presentes en la Colección Trelew hacen referencia al posterior asesinato de muchos de los familiares de Pujadas y Lea Place, bajo el rótulo de «terrorismo de derecha».
Para poder reconstruir su historia luego de años de sucedida la masacre, Mariano Pujadas se sirvió de diferentes fuentes que le permitieron tener un mayor acercamiento a la familia que nunca pudo conocer. Luego de acceder a algunos documentos de la colección de archivos del proyecto desclasificados, Mariano afirma que “toda la documentación que tenga uno sobre la propia historia suma un montón. Este material puntual está buenísimo porque es de mi familia, porque hay un montón de cosas que me faltaron en mi vida y este material hace que los tenga en algún lugar”.
Por otro lado, Clarisa Lea Place comentó: “Mi viejo es una persona medio perseguida. Y algo que me interesó un montón al leer este documento es entender por qué él está perseguido”, y aclaró que su padre, Luis Lea Place, también estuvo detenido ilegalmente. “Estamos en un archivo de un país macabro. Se materializa un poco, no se puede negar que había un seguimiento a mis familiares”, agregó.
Pujadas
La familia Pujadas fue asesinada en su domicilio el 14 de agosto de 1975, ocho días antes de cumplirse el tercer aniversario de la Masacre. El vínculo entre ambos hechos está explicitado en el cable de la colección: de acuerdo con el texto, el crimen masivo podría tratarse de una advertencia a “izquierdistas” cuya costumbre sería celebrar la fecha con actos terroristas de su autoría.
“Mi familia no militaba, pero estaba siempre al servicio de las necesidades de la sociedad y de la gente. Ciertas posturas que tuvieron claramente no les gustaron a los militares en lo más mínimo”, declaró Mariano Pujadas, y afirmó: “Creo que fue una represalia contra los familiares de Trelew, muchas de las que quedaron vivas se vieron obligadas a vivir en la clandestinidad”.
Al comenzar la conversación, Mariano se presentó a sí mismo: “Tengo casi 49 años y hace casi 25 que empecé con un camino de reconstrucción y de hacerme cargo de mi historia”. Él tenía 2 años cuando asesinaron a sus tíos y abuelos y actualmente utiliza sus conocimientos como director de cine para realizar un documental sobre su familia: “Hay un montón de cosas que quedan guardadas y se callan. Los que vivimos en Argentina pudimos hacer un proceso de reconstrucción y lo tenemos más a flor de piel. Mi familia, que pudo salvarse en el 75 porque ya no estaba viviendo en la misma casa, se fue y guardó el tema, no es algo de lo que hablen cotidianamente”.
Lea Place
Arturo Lea Place, padre de la víctima de la Masacre de Trelew, fue asesinado en su domicilio durante el Operativo Independencia. Clarisa, su nieta, se embarcó en un proceso de reconstrucción de su historia: “Una vez fui a Tucumán y quise visitar la casa. Sé que le pusieron dinamita entonces no está, pero fui al barrio y empecé a tocar puertas porque estaba muy curiosa de qué había pasado. Al hablar con una vecina, me contó que ella se acordó de que hubo un apagón ese día, que mi abuelo había salido corriendo por un costado y que finalmente lo agarraron en un taller.”
El archivo oficial afirma que, cuando Arturo intentó esconderse en el interior de un auto, toda la familia fue asesinada, incluyendo una hija pequeña. “Está mal, es mala información, porque solamente estaban presentes mi abuelo y mi tía”, denunció Clarisa, especificando que esa tía logró sobrevivir al ataque.
Luego de vivir muchos años en Estados Unidos, Clarisa Lea Place retornó al país para el aniversario número 40 de la Masacre. Sobre aquel evento en conmemoración de su tía, recordó: “Yo tengo su mismo nombre y me parezco un poco, entonces para muchas personas era como ver un fantasma”, e ironizó: “Es muy fuerte ver «Clarisa Lea Place presente», mientras pienso: pero estoy acá”.
Clarisa remarcó que, por mucho tiempo, renegó de llevar el mismo nombre que su tía: “Era un peso porque yo por mucho tiempo me sentí cobarde”, relató respecto de la comparación con la militancia de Lea Place. En su retorno a Argentina, un ex novio de su tía la contactó para hacerle llegar fotos y cartas de amor que habían intercambiado previo a su militancia en el PRT-ERP. “Era una niña también, con muchas ganas. Creo que es lo más lindo de ella, que tenía muchas ganas de hacer algo al respecto de su realidad. Pero no era un superhéroe. Era alguien igual de confundida”, compartió Clarisa acerca de su encuentro con esos textos, y reflexionó: “Yo siento que no termino de saber quién soy porque no puedo conocerla yo. Las cartas fueron fundamentales en ese sentido. Eso ayudó un montón a que me amigue con mi nombre y con mi historia”.
Colección Trelew
Los archivos de la colección Trelew permiten, no solamente esclarecer los hechos para ser utilizados en instancias judiciales, sino también el acercamiento de los familiares de las víctimas a sus seres queridos. “Los documentos son de una enorme importancia por una cuestión de reconstrucción histórica. De la única manera en que esto no vuelva a suceder es enseñándole esto a la gente, a las nuevas generaciones, y para eso están las documentaciones”, afirmó Mariano.
Quienes quieran recurrir a los documentos citados, los pueden encontrar en la base de la página web del proyecto, bajo los nombres DOCID-32455641 y 1358532-0 - 109-BE-103 Section 2.
En memoria de: Ana María Villarreal de Santucho, Humberto Adrián Toschi, José Ricardo Mena, Rubén Pedro Bonet, Susana Graciela Lesgart, Mario Emilio Delfino, Carlos Heriberto Astudillo, María Angélica Sabelli, Alfredo Elías Kohon, Jorge Alejandro Ulloa, Clarisa Rosa Lea Place, Mariano Pujadas, Miguel Ángel Polti, Humberto Segundo Suárez, Alberto Carlos del Rey, Eduardo Adolfo Capello, Ricardo René Haidar, Alberto Miguel Camps y María Antonia Berger.
COLECCIONES
Colección Mundial 1978
A 44 años del Mundial de Fútbol disputado en la Argentina en tiempos de dictadura, ponemos a disposición la tercera colección temática del Proyecto. Son 27 documentos desclasificados en los que se observa el valor estratégico que tuvo el evento para la Junta Militar, cómo se fortaleció el aparato de seguridad durante ese período, pero también la construcción de un nuevo espacio de denuncia por parte del activismo de derechos humanos.
Varios meses antes del inicio del torneo un informe de inteligencia de la DIA anticipa que, a la par de la situación económica explosiva y el cambio programado para la Junta, el Mundial sería una de las prioridades para las fuerzas militares y de seguridad. Las referencias de los documentos al despliegue de operativos, la creación de unidades especiales y la lógica de la seguridad nacional son constantes y se entrelazan con el seguimiento de redes de militancia, la multiplicación de detenciones y la efervescencia de alertas para desactivar presuntas estrategias de las organizaciones armadas para irrumpir en la escena del Mundial.
En línea con la estrategia publicitaria para revertir las denuncias internacionales por los crímenes, los documentos muestran varios puntos de entrada a las acciones de la dictadura por preservar su imagen en el orden internacional. Funcionarios que viajan por el mundo para defender el Mundial y fuentes que nutren los informes de las agencias estadounidenses dan cuenta, aquí y allá, de la intensificación de los reclamos de algunas federaciones europeas de fútbol por las detenciones y desapariciones, de la creciente exposición ante la prensa internacional y de las primeras iniciativas de boicot del torneo en Francia, Italia, España, México y Brasil. El Mundial también se convirtió en una plataforma para que los familiares, las organizaciones y las redes de exiliados siguieran ejerciendo presión por las violaciones de derechos humanos.
Ya finalizado el Mundial, un cable del Departamento de Estado caracteriza el entramado del activismo en nuestro país. Señala que el acoso y la persecución a las Madres de Plaza de Mayo no cesó durante el evento y que eso tuvo una repercusión internacional desfavorable. También describe de qué manera organizaciones como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) expanden sus actividades y se plantean entre sus próximos objetivos dar los primeros pasos de acercamiento y apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo involucramiento con la lucha contra la dictadura sería fundamental el año siguiente. A tres días del final del torneo un informe de la CIA narra las tácticas de la dictadura que pretenden ser “concesiones” en materia de derechos humanos y un presunto relajamiento del sistema represivo. Sin embargo, advierten que no es posible evaluar esas medidas con seriedad en tanto persista el “ambiente artificial” del Mundial.
Los documentos desclasificados de Estados Unidos sobre la Copa del Mundo de la dictadura
El proyecto Desclasificados.org.ar lanza una nueva colección de documentos desclasificados temáticos esta vez, sobre el Mundial 78. El intento de usar el deporte como distracción sobre los crímenes de Estado, la estrategia de las Madres para visibilizar las desapariciones y represión y las pujas al interior de la Junta Militar.
A pocos días del debut del equipo de Scaloni en Qatar, el proyecto Desclasificados lanzó la Colección Mundial, un conjunto temático de archivos provenientes de diversas agencias gubernamentales estadounidenses. Esta colección está compuesta por 27 piezas documentales que dan cuenta de la centralidad que tuvo el mayor evento de fútbol para la última dictadura cívico-militar argentina.
El 25 de junio de 1978, la selección argentina de fútbol masculino levantaba la Copa del Mundo en el estadio Monumental, a escasos metros de la entonces Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaba en ese momento, durante el terrorismo de Estado en nuestro país.
Distanciándonos de la idea -inspirada en la frase de Karl Marx sobre la religión- que asevera que el fútbol es el opio del pueblo argentino, existe un consenso general acerca de que la última dictadura militar en nuestro país se valió de la organización del Mundial de 1978 para legitimarse en el poder. En dos comunicados de la embajada a la Secretaría de Estado en Washington DC se afirma que “el Mundial y la mejora de las perspectivas de Argentina de llegar a la ronda final han sumergido todas las cuestiones políticas, económicas y sociales en Argentina. Argentina, desde los taxistas hasta los oficiales de policía, está claramente en su mejor comportamiento”, y se habla de “los arduos esfuerzos de Argentina por despolitizar el Mundial de Fútbol celebrado aquí en 1978”.
No obstante, un documento de junio de 1978 de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) detalla una serie de medidas tomadas por el dictador Jorge Videla con el objetivo de “desactivar las críticas a los derechos humanos”: la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a realizar una visita especial al país, la posible liberación de líderes sindicales y de Alfredo Bravo, y la suspensión de algunas restricciones a la libertad de prensa. El mismo informe indica más adelante que “estaremos en mejores condiciones de evaluar el impacto de estos pasos después de la finalización del entorno artificial creado por la competencia de fútbol de la Copa Mundial (del 1 al 25 de junio), durante la cual el aparato de seguridad ha estado pisando muy a la ligera”.
Esta última declaración se contradice con el dispositivo securitario montado por la Junta Militar durante el Mundial. Días previos al comienzo del evento, una nota de Clarín titulaba “Harguidenguy reiteró que la seguridad para el Mundial es absoluta”. La nota continúa: “señala el alto jefe militar que han sido adoptadas todas las medidas de seguridad posibles para evitar atentados durante la disputa del próximo Campeonato Mundial de Fútbol, pero que es posible se distribuyan panfletos y se trate de organizar manifestaciones, aprovechando la presencia de fotógrafos europeos”. Más adelante en el texto, Harguidenguy afirma sin preámbulos que “han sido indispensables, por trágica necesidad, muertos y millares de ‘desaparecidos’ pero finalmente los grupos subversivos han sido vencidos”, demostrando que, durante el desarrollo del Mundial, se tenía conocimiento de la desaparición de personas.
En esta línea, otro documento de la CIA hace mención al secuestro y posterior liberación de Alfredo Sofía, detenido por hacer propaganda en contra de la dictadura, y se afirma que “el momento de la detención refleja el dilema de los funcionarios de seguridad del gobierno, que están tratando de prevenir incidentes terroristas durante el torneo de fútbol sin causar más daño a la imagen de derechos humanos de Argentina”.
Algunos archivos de la Colección hacen referencia a la manera en que se vivía en los países del exterior la cuestión de los derechos humanos en Argentina. Un informe de la CIA menciona que, en una sesión del Parlamento europeo, se “subraya la preocupación por la participación de los estados de la CE (Comisión Europea) en los partidos de la Copa Mundial de fútbol en Argentina, un país donde varios europeos occidentales han sido detenidos o desaparecidos, y donde las violaciones de los derechos humanos han sido generalizadas”.
Distintos medios insistían con llamar “campaña anti-Argentina” a estas acciones que buscaban llamar la atención sobre los crímenes de lesa humanidad que se estaban cometiendo en el país organizador del Mundial de fútbol. Un reporte del Ministerio de Defensa estadounidense recopila 5 artículos del diario La Opinión que evidencian un discurso de descrédito hacia estos actos, a la vez que se demuestra el modo en que los medios de comunicación orquestaban en favor de generar consenso en la población alrededor de la dictadura cívico-militar. En una de estas noticias, se acusa a los “subversivos” de llevar adelante una campaña de boicot contra el Mundial: “Se puede presumir la existencia de algún tipo de acción psicológica, ya que los terroristas han prometido a los visitantes que serán testigos de "la represión del pueblo". “Como todo observador de buena fe lo puede confirmar, en la Argentina los visitantes verán un pueblo pacífico y trabajador, que rezonga como es su costumbre, tanto en el presente estado de excepción como en épocas de normalidad”. En otro artículo de este mismo periódico, se reprocha a la Organización Mundial de la Salud de contribuir a la “campaña anti-Argentina” a partir de una advertencia por parte de esta institución sobre una epidemia de gripe que asolaba Córdoba y Buenos Aires, dos de las provincias argentinas que eran sede de los partidos del certamen. Por su parte, otras noticias recuperaban testimonios que argüían en favor de las duras medidas de seguridad implementadas y del desarrollo organizativo del Mundial por parte de Argentina.
Valiéndose de una posible gran repercusión mediática internacional, las Madres de Plaza de Mayo denunciaban las violaciones a los derechos humanos en el país frente a periodistas extranjeros, durante las rondas de los jueves alrededor de la Pirámide de Mayo. “Las detenciones de más de 200 Madres el pasado octubre, la desaparición de 13 partidarios del grupo de Madres en diciembre, la persecución policial de Madres fuera de la Plaza a mediados de marzo y la demostración de acoso en contra de las Madres durante el Mundial produjeron publicidad adversa al gobierno en el exterior. Muchos observadores locales creyeron erróneamente que el gobierno reanudaría sus esfuerzos para detener las manifestaciones de los jueves de Madres una vez finalizada la Copa del Mundo. No obstante, después de su extensiva exposición en TV en junio, las Madres se han convertido en un símbolo internacional de la cuestión de los derechos humanos en Argentina, y esto quizás les ha dado una medida de pátina de protección”, reza un cable del Departamento de Estado. Otro archivo interesante relata que, una vez finalizado el Mundial, hubo 11 “reapariciones” en Argentina.
Por su parte, también se encuentra documentada la interna militar entre Juan Alemann, secretario de Hacienda durante el Mundial de Argentina, y parte de los ex marinos que formaron la Junta. De acuerdo con el cable de la embajada, Alemann “parece haber estallado un alboroto no provocado contra lo que él denomina malversación oficial del fondo de medio millón de dólares del campeonato Mundial de fútbol de 1978 en Buenos Aires”, y también detalla que “los objetivos iniciales de Alemann para lo que él llama ‘malas decisiones’ de los militares, que le costaron millones al contribuyente y deberían ser castigados como ‘criminales’, son el ex Comandante de la Marina devenido en candidato presidencial Emilio Massera y el ex ministro de Bienestar Social, almirante Carlos Lacoste”.
El proyecto Desclasificados
Quienes quieran recurrir a los documentos citados, los pueden encontrar en la página web del proyecto, bajo los nombres C06281222, C06294988, Terrorism - Remarks By Interior Minister Harguindeguy, INR WEEKLY HIGHLIGHTS OF [15499927], SANITIZEDHUMAN RIGHTS REV [15516116], Terrorism - Psychological Campaign to Disrupt World Cup Games, C06274996, C06279983, C06281176.
COLECCIONES
Colección Democracia 1983
A 40 años de las elecciones que clausuraron el ciclo de la última dictadura y dieron inicio a la reconstrucción democrática, ponemos a disposición una nueva colección temática del Proyecto Desclasificados. ¿Por qué 1983 fue el año de quiebre definitivo de la legitimidad de la Junta Militar? ¿Qué posiciones y acciones marcaron a la dictadura en su salida del poder? ¿Cómo fue evaluado el proceso de transición argentino en la estrategia de la política exterior de los Estados Unidos? ¿Qué papel jugaron las demandas de las organizaciones de derechos humanos contra el terrorismo de Estado en la oposición cada vez más generalizada a la Junta Militar? ¿Cuáles fueron las distintas lecturas de las agencias estadounidenses sobre los primeros pasos del gobierno de Alfonsín y de su agenda de derechos humanos?
Los 129 documentos de esta colección contribuyen a dar algunas respuestas a estas preguntas y, fundamentalmente, a promover una mayor accesibilidad a las fuentes históricas que permiten valorar el periodo. Focalizadas en el proceso político de los años 1982 y 1983, las comunicaciones diplomáticas, políticas y de inteligencia desclasificadas del Departamento de Estado y de la CIA aportan claves del contexto de incertidumbre que transitó la Argentina hacia el proceso electoral que culminaría el 30 de octubre de 1983. El período post guerra de Malvinas encontró a la Junta Militar, ya condicionada por la crisis económica, con un escaso margen de maniobra para gestionar con protagonismo un modelo de salida política. Las críticas a la violencia estatal criminal encabezadas durante años por los organismos y el activismo de derechos humanos confluyó en la creación de un clima anti-dictadura cada vez más generalizado en la sociedad y en los actores políticos.
La primera ocasión en que esto se registró con claridad fue en abril de 1983 con la difusión del “Documento Final de la Junta Militar sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”. Una proclama política que consolidó una construcción de sentido que marcaría en los años por venir el discurso oficial militar y sus consensos civiles sobre el terrorismo de estado: el accionar represivo se debió a una “guerra” en la que se habían visto obligados a defender a la nación y lo habían hecho con convicción; en ella, se reconocían “errores” inevitables; las personas desaparecidas estaban muertas y no había información complementaria para brindar sobre su destino. El segundo hito fue la Ley 22924 de Autoamnistía (o de Pacificación Nacional) promulgada el 22 de septiembre, que agregó a la fórmula de autoprotección ya esbozada en el Documento Final el elemento de defensa jurídica hacia una salida del poder con impunidad. Los documentos desclasificados siguen el derrotero de ambas acciones, las discusiones internas entre las fuerzas y, muy especialmente, las reacciones adversas de los organismos, referentes políticos, religiosos y sociales.
Ya en febrero, dos meses antes del Documento Final y siete previos a la Autoamnistía, un cable del Departamento de Estado en poder de la CIA esbozaba que las iniciativas oficiales en discusión apuntarían a resolver “uno de los problemas más explosivos” de cara al retorno a la democracia, el destino de las personas desaparecidas, y relevaba que “los grupos de derechos humanos ya se han opuesto a opciones de indultos y amnistías, afirmando que las Fuerzas Armadas carecen de autoridad moral para absolverse por las responsabilidad de los actos que cometieron”. A medida que se avecinaba la fecha de las elecciones y luego de la sanción de la Autoamnistía, el espacio ampliado de la crítica sobre las violaciones de derechos humanos generó un daño muy profundo en un poder militar cada vez más abroquelado en su autodefensa. Por iniciativa del gobierno democrático liderado por Alfonsín, el Congreso derogaría la autoamnistía en sus primeras semanas de funcionamiento, constituyéndose en el antecedente directo del decreto presidencial de procesamiento que conduciría al Juicio a las Juntas de 1985.
En términos de la mirada de política exterior de Estados Unidos sobre el proceso histórico argentino, sobresale la densidad de comunicaciones en torno a la "Certificación Presidencial". Numerosos documentos de 1982 y 1983 ponen el foco en este dispositivo particular que instrumentaliza la política exterior de Estados Unidos en asuntos de su interés nacional. La Certificación es un proceso interno por el cual el presidente estadounidense ratifica al Congreso de su país que otra nación ha cumplido estándares aceptables en varias materias (entre ellas, de derechos humanos) para permitir o facilitar cierto tipo de intercambio comercial. Ya desde la última etapa de la presidencia de Carter y fundamentalmente desde la asunción de Reagan en 1981, la dimensión de los derechos humanos había pasado a una posición cada vez más marginal, táctica, y de menor nivel de confrontación pública en la relación con la Argentina. De acuerdo al monitoreo que realizan las agencias sobre las relaciones bilaterales, la confirmación del cronograma electoral de 1983 constituyó un paso relevante para agilizar el trámite de esta certificación, especialmente en función de restablecer procesos de venta de armas y asistencia militar y de seguridad. Si bien la valoración diplomática positiva sobre la última Junta encabezada por Bignone había acercado la posibilidad de completar la Certificación, las discusiones internas dilataron los tiempos. Un documento secreto del Departamento de Estado dirigido al Secretario de Estado sintetiza que “los esfuerzos del gobierno argentino [la Junta Militar] en dar cuenta de los desaparecidos han sido decepcionantes pero Alfonsín va con una fuerte plataforma de derechos humanos y está comprometido en atender este problema”.
La colección Democracia 1983 impulsa el acceso a esta documentación y promueve miradas, cruces e investigaciones que aporten nuevas claves de lectura sobre el final de la dictadura militar y la construcción colectiva de nuestra democracia.
COLECCIONES
Colección CONADEP
A 40 años de la entrega del informe Nunca Más al entonces presidente Raúl Alfonsín, el 20 de septiembre de 1984, desde el Proyecto Desclasificados presentamos la colección CONADEP, que integra 24 documentos producidos por agencias de inteligencia norteamericana, a partir de 1983. Los documentos analizados muestran el impacto internacional de la presentación del Nunca Más y la especial atención que Estados Unidos le prestó a sus revelaciones. Los textos, fundamentalmente del Departamento de Estado y la CIA, exponen la contundencia de la información recabada por la Comisión sobre el alcance del terror de la dictadura, reconstruyen el lugar central de las demandas del movimiento de derechos humanos y dan cuenta de las negociaciones y presiones que los responsables llevaron adelante para procurarse impunidad ante la inminencia de las posibles consecuencias judiciales tras la presentación del informe. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por un grupo de 13 personas de diferentes sectores sociales y políticos, fue creada en 1983 con el objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada durante la última dictadura en la Argentina. Luego de nueve meses de trabajo, la investigación culminó con la presentación del informe Nunca Más, conocido también internacionalmente como “Informe Sábato”, por quien fue el presidente de la Comisión, Ernesto Sábato. El texto de casi 500 páginas describe y explica el plan masivo de secuestro, tortura, desaparición y apropiación de niños y fue la base documental que permitió el Juicio a las Juntas y el desarrollo de las investigaciones judiciales que siguen hasta hoy.
Los documentos relevados en esta colección fueron producidos, en su mayoría, por la CIA y el Departamento de Estado y algunos contienen fragmentos censurados bajo la ley de protección de información del gobierno estadounidense o por ser información proveniente de fuentes de inteligencia que no permiten ser reveladas. En uno de los documentos, una fuente de la CIA (que no puede leerse, ya que está tachada) menciona en enero de 1984 que la CONADEP: “Surgió de una idea de Raúl Borras, ministro de Defensa, y del brigadier general Jorge Arguindegui, jefe del Estado Mayor del Ejército, tiene que seleccionar algunos casos para que lleguen al juicio y, luego, dejar que el asunto se evapore en aproximadamente seis meses. De esta manera, [otra tachadura] el gobierno espera eliminar la preocupación de militares de bajo y de medio rango sobre cómo afectará la investigación de los casos de desapariciones a las Fuerzas Armadas”.
Meses más tarde, un día después de la presentación del Nunca Más, la evaluación de un cable diplomático es bien diferente: “La publicación del Informe, las investigaciones en curso de las Juntas y los juicios que pudieren resultar de la información que la Comisión entregó al Poder Judicial, todos ellos van a asegurar que el asunto no se desvanezca fácilmente (...) El alcance del impacto político del informe no puede ser medido hasta que los tribunales decidan cómo tratar los testimonios y acusaciones contenidas en el Informe”.
Múltiples documentos dan cuenta de las tensiones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. Un cable del día anterior a la presentación del informe anticipaba que había versiones de que el Poder Ejecutivo podía remitir los casos que tenía el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA) hacia las cortes civiles “en esta misma semana de mucha presión”. Diez días después, el escenario que marcan las fuentes de la Embajada estadounidense es clara: “Tras el explícito relato de torturas y desapariciones de la comisión, la declaración del Consejo Supremo fue ampliamente condenada (...) el informe Sábato y el proceso del Consejo Supremo han reabierto dramáticamente las divisiones sobre la cuestión de los derechos humanos en Argentina”.
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